PACTO DE CABALLEROS
contacto: claudia moreno - 11-01-2006 23:47:50 | Categoria: Santa Fe
Por Pablo Bosch A tres años de ser sancionada la Ley de Campañas Electorales quedó practicamente en desuso. Cuando se eliminó el sistema de lemas la normativa no se adaptó a las primarias abiertas y el gasto de los partidos quedó excento de justificación. A todo esto, las rendiciones de cuentas del año 2003 fueron parciales y nadie comprobó la veracidad de la información presentada. A finales de 2002 la sociedad argentina se encontraba sacudida por las secuelas devastadoras de la devaluación de Duhalde - Remes Lenicov y la huida de Fernando De la Rua. La pobreza había alcanzado niveles de genocidio y teleaudiencia porteña se espantaba con los chicos desnutridos de Tucumán. Mientras resonaban los ecos de las cacerolas reclamando “que se vayan todos”, el Congreso de la Nación debatía el nuevo cronograma electoral, apurado tras el asesinato de Kosteki y Santillán en el Puente Avellaneda. En nuestra provincia, justicialismo y oposición, se enredaban discutiendo la modificación de la tramposa Ley de Lemas. Simultaneamente, en Rosario y Santa Fe, se preparaban los actos recordatorios de las víctimas de la represión del Diciembre Trágico de 2001, donde se volvería a gritar el pedido de Juicio y Castigo para Reutemann, Dominguez y los policías asesinos. Como nunca antes, la distancia entre la sociedad y sus dirigentes, alcanzó la profundidad de un abismo.
En este contexto, con fingida vocación de transparencia, la Legislatura santafesina votó la Ley 12.080 de Campañas Electorales. La norma fue impulsada por el senador Julio Gutierrez (PJ – La Capital) y establecía una serie de reglas, que según su autor, serían “un aporte importante, que con el tiempo, conducirá al mejoramiento de las instituciones de la democracia”. La actividad proselitista no se podía iniciar antes de los treinta días del comicio; se debía designar un responsable económico-financiero encargado de rendir cuentas de los ingresos y egresos de campaña; se limitaba la difusión de encuestas y la publicidad del gobierno; y se creaba un “Fondo Partidario Permanente” destinado al sostenimiento y la capacitación de los dirigentes políticos.
Esta ley se inspiraba en las recomendaciones de reconocidas organizaciones no gubernamentales del país (Poder Ciudadano, CELS, ADC, principalmente) que planteaban la necesidad de acotar los gastos de campaña y transparentar las formas de financiamiento de los partidos, como una forma de comenzar a romper el vínculo corrupto entre política y negocios.
La primera vez que se aplicó esta ley fue en las elecciones del 7 de septiembre de 2003, y pese al tiempo transcurrido, todavía siguen pendiente de rendición los gastos de campaña de numerosos sublemas. Según datos suministrados por las autoridades del Tribunal Electoral Provincial, se aplicaron multas de $1.000 a los responsables económico-financiero de 34 listas distritales, llegándose en algunos casos al embargo de sueldos o propiedades para asegurar el cobro de la sanción.
Otra situación que pone al descubierto el carácter declamativo de la ley, es la imposiblidad de corroborar la veracidad de la información presentada por los partidos. Debido a “la complejidad de la documental acompañada”, el Tribunal Electoral Provincial reclamó al Ministerio de Gobierno, la designación de un “profesional de ciencias Económicas del Estado Provincial, a efectos que dictamine si la documental referida satisface las exigencias del artículo 9 de la Ley 12.080”, según puede leerse en numerosas resoluciones del cuerpo colegiado, que involucran las rediciones de cuentas de otros 39 sublemas. Todos estos trámites aguardan dictamen en algún cajón de la cartera que hoy conduce Roberto Rosua.
El Urbano - Año 2 - Número 4 - Diciembre 2005
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